En otro caso en el que convergen el hacinamiento carcelario, la permanencia de reos en centros de detención preventiva y descontrol policial, el Estado venezolano genera una nueva masacre penitenciaria, luego de que un motín terminara en un incendio que, según cifras extraoficiales, mató a más de 60 personas. La información no confirmada sobre el hecho es otro indicio de la opacidad informativa con la que el Estado maneja otra evidente violación de garantías fundamentales.

Defensores de derechos humanos insisten en la descentralización del sistema penitenciario, a la vez que instan al Estado a crear nuevos centros de reclusión y cumplir con los programas de reinserción social, como parte de los estándares internacionales para los privados de libertad. “Ahora tenemos presos muertos por desnutrición, eso nunca se había visto”, señala el director del Observatorio de Prisiones, Humberto Prado.

Director del Observatorio de Prisiones, Humberto Prado, subraya que la población reclusa en Venezuela sobrepasa las 100 mil personas, en cuyos procesos judiciales hay violación a las garantías.

La madre de uno de los detenidos reveló que los jóvenes son obligados a dormir en el piso y que les raparon la cabeza. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) no les dejó acceder a la cárcel por la única vía terrestre, por lo que los familiares debieron intentar por vía fluvial, por la que tampoco pudieron acceder. Este tipo de tratos son violatorios de pactos y tratados internacionales suscritos por Venezuela que califican tales prácticas como violatorias de derechos humanos.

Activistas cierran fila por las agresiones sufridas por Marino Alvarado; acusan al presidente de la AN, Diosdado Cabello, de encabezar un discurso de hostigamiento; y solicitan a la Fiscalía y Defensoría a actuar con independencia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su recién concluido 154º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo lugar del 16 al 23 de marzo, expresó que en algunos países continúan siendo generalizadas las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas.

La viceministra Marielys Valdez realizó, durante una audiencia pública, una petición de levantamiento de medidas, ya que, aseguró, el Estado ha cumplido con lo estipulado.

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