En otro caso en el que convergen el hacinamiento carcelario, la permanencia de reos en centros de detención preventiva y descontrol policial, el Estado venezolano genera una nueva masacre penitenciaria, luego de que un motín terminara en un incendio que, según cifras extraoficiales, mató a más de 60 personas. La información no confirmada sobre el hecho es otro indicio de la opacidad informativa con la que el Estado maneja otra evidente violación de garantías fundamentales.

El Observatorio Venezolano de Prisiones se dedicó a conversar durante meses con los familiares de los presos asesinados por fuerzas estatales en la madrugada del 16 de agosto en el Centro de Detención Judicial de Amazonas. De ellas y de acercamientos con los mismos uniformados que actuaron nació el informe que presentó la ONG como registro de una de las violaciones humanas más atroces de la historia venezolana y un recordatorio de que el caso transita la ruta de la impunidad.

Defensores de derechos humanos insisten en la descentralización del sistema penitenciario, a la vez que instan al Estado a crear nuevos centros de reclusión y cumplir con los programas de reinserción social, como parte de los estándares internacionales para los privados de libertad. “Ahora tenemos presos muertos por desnutrición, eso nunca se había visto”, señala el director del Observatorio de Prisiones, Humberto Prado.

La madre de uno de los detenidos reveló que los jóvenes son obligados a dormir en el piso y que les raparon la cabeza. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) no les dejó acceder a la cárcel por la única vía terrestre, por lo que los familiares debieron intentar por vía fluvial, por la que tampoco pudieron acceder. Este tipo de tratos son violatorios de pactos y tratados internacionales suscritos por Venezuela que califican tales prácticas como violatorias de derechos humanos.

La ONG exhorta al defensor del Pueblo a adoptar una posición firme frente a la grave crisis penitenciaria tras el hallazgo de una fosa común en la PGV.

 Hasta mayo del 2015 la población carcelaria era de 49.664 personas, de las cuales 31.503 son procesadas, 17.374 son penadas, 265 están bajo destacamento de trabajo y 522 se encuentran en depósitos policiales.

Activistas cierran fila por las agresiones sufridas por Marino Alvarado; acusan al presidente de la AN, Diosdado Cabello, de encabezar un discurso de hostigamiento; y solicitan a la Fiscalía y Defensoría a actuar con independencia.

A finales de marzo de este año, la CIDH expresó preocupación por la intimidación de Cabello contra defensores de derechos humanos en Venezuela.

Siete reclusos fueron ultimados dentro del Internado Judicial de Ciudad Bolívar el 10 de noviembre de 2003; 12 años después no transcurre la audiencia de juicio.

Jueves, 24 Septiembre 2015 00:00

10 años de impunidad por incendio en el INAM

El incendio ocurrió el 2 de junio del 2005, en la sede del Instituto Nacional del Menor (INAM), ubicada en San Félix.  
Este duró aproximadamente 40 minutos.

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